Decisión difícil, decisión de paz*

Narrativa históricaCultura Julio 13, 2021
*Columna publicada en La Silla Vacía el 12 de abril de 2020

En plena reflexión por cuenta de la pandemia de la covid-19, bien conviene analizar a quién cumplirle: si a los más de 13 000 desmovilizados de las farc, a su dirigencia política, a sus 52 000 votantes, o a todos los colombianos maltratados por las cifras económicas que arroja la pandemia. ¿Qué cumplir? ¿El pacto del Teatro Colón o la emergencia de la pandemia? La historia es para usarla. De la historia debemos aprender porque el conocimiento colectivo se nutre de ella, y tal y como se decía en la vituperada Edad Media, “somos enanos posados en los hombros de un gigante llamado historia”.

Por eso, este espacio, que generosamente nos ha venido brindando este medio, ha sido utilizado para reflexionar en torno al acuerdo celebrado por el Gobierno Santos y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc).
Ahora, y en ese marco, pretendo formular una reflexión que harto conviene y significa a los intereses de la nación a propósito y por cuenta de la pandemia de la covid-19. En efecto, quienes respetuosa y sinceramente nos opusimos a la forma en que se concibió y consiguió el convenio de La Habana, partíamos de unas evidencias que, no por ser tozudas e incontrovertibles, pretendían alimentar las cenizas de la hoguera de la guerra, como se nos tildó por aquella época.

La historia reciente, nuestra historia política reciente, confirma el hecho de que no convenía prometer una paz cuando se sabía que ella, así entendida, nunca llegaría y mucho menos elevar promesas de logros y hazañas sabidamente incumplibles a costa del valor de la esperanza comunitaria, quizá el más grande patrimonio con el que cuenta sociedad alguna.

Advertimos, duro es recordarlo, pero lo es aún más callarlo cómplicemente, que no habría cesación de un conflicto que nos acompaña desde 1930 y que en su recta final se había convertido en un conflicto contra el narcoterrorismo, con grupos armados organizados descentralizados en mando y operaciones, así como preponderantemente rural y dependiente de las más horrendas actividades ilícitas. El crimen, que no la ideología, era su sello y
frente a él poco o nada se hizo.

Dijimos, igualmente, que para alcanzar un acuerdo con las farc no se necesitaba sustituir la maravillosa Constitución Política de 1991 mediante un bloque de constitucional antitécnico y espurio. Mucho menos cuando el Gobierno se negó a cuantificar el valor de sus promesas e identificar la fuente de los recursos. Si algo han utilizado exitosamente en la narrativa revolucionaria las guerrillas de izquierda, es que el establecimiento político que pretenden demoler les ha mentido sistemáticamente. Que el Estado miente y les incumple. Y, para ser honestos, creo que en buena parte tienen razón.

El acuerdo firmado en el Teatro Colón no es la excepción. Sin mirar los efectos sociales, ni calcular su costo económico por solo concentrarse en los riesgos y las vías políticas, el acuerdo nació desfinanciado, amén de ilegítimo. No conviene ahora recordar el robo al poder soberano que libremente dijo no en las urnas, pero sí conviene reflexionar sobre su impacto en nuestra economía y nuestro futuro.

Según el más (¿único?) estudio sobre los costos de la “paz”, solo los puntos 1 (reforma integral agraria) y 4 (cultivos ilícitos) le costarán al país cerca de $ 148 billones, algo más de la mitad de todo el presupuesto nacional para 2020 o, si se prefiere, lo que equivale a más de $ 9 billones anuales, si se considera una ventana de tiempo de implementación de doce años. Sí, así como lo oyen: una reforma y media tributaria cada año durante más de una década.

Por su parte, y he ahí el dilema en el que nos encontramos, los entendidos hablan de que en dos meses de cuarentena podemos perder cerca de $ 125 billones (más del 11 % del producto interno bruto [pib]), y si la medida de aislamiento se ampliase a tres meses, como lo propone la alcaldesa de Bogotá, la estrambótica
cifra podría ascender a los $ 182 billones (más del 17 % del pib).

A su vez, según encuesta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), más del 53 % de las mipymes en Colombia, que a su vez representan más del 90 % de las empresas en Colombia y que generan en representación del sector productivo nacional y privado más de 10 millones de empleos, están dispuestas a reducir plazas por cuenta de la crisis del coronavirus. Más del 73 % de los empresarios pequeños, micros y medianos creen que van a tener que subir los precios una vez terminada la cuarentena y las expectativas positivas poscoronavirus son francamente desalentadoras.

Y fue el mismo Santos quien dejó al país con la mayor deuda pública de su historia, que, según el precio del dólar oficial y la información suministrada por el Banco de la República, supera la suma de los $ 500 billones, algo así como el 52 % del pib. En dinero bruto, eso nos cuesta cerca de $ 40 billones al año a todos los colombianos para el servicio de la deuda.

Por su parte, el Gobierno Nacional ya anunció un paquete de ayudas económicas que superan los $ 14 billones, cuyos compatriotas más favorecidos son los de menor ingreso. Familias en Acción, Jóvenes en Acción y programas asistenciales para la edad mayor han sido buenos inventos del pasado para atravesar con relativo éxito los estragos de la pandemia.

De suerte que sin mucho margen de endeudamiento, con las arcas públicas devastadas, con una sociedad dividida por cuenta de los acuerdos de La Habana y con un sistema productivo bastante estropeado por cuenta del inevitable aislamiento obligatorio y para muchos unos compromisos billonarios contraídos por el Estado para alcanzar “la paz”, pocos se han preguntado públicamente ¿y ahora qué hacer?

Si no destinamos los billones de pesos demandados en los acuerdos en los plazos y de la forma signada, nos acusarán, nuevamente, de que el Estado es ilegítimo porque es mentiroso, y mediante ese discurso revalorizarán la narrativa de la violencia política legítima y armada. Sí, tal y como lo están repitiendo Santrich e Iván Márquez desde las montañas. Sí, tal y como lo dijeron Tirofijo, Granobles, el Mono Jojoy y todos sus secuaces en el pasado reciente.

Pero si destinamos los recursos a cumplir unos acuerdos que fueron negados por el poder constituyente primario en las urnas en lugar de destinárselos a salvar el andamiaje productivo y la hambruna de la gente, nos quedaremos con una crisis social sin precedentes, con hambre y miseria en las calles y, en consecuencia, y según los mismos socialdemócratas, con la causa eficiente que legitima y alimenta toda revuelta política armada y criminal.

Paradoja sin salida, o sin salida aparente, por cuanto por una u otra opción los socialistas y socialdemócratas se levantarán con el triunfo político, a no ser que como sociedad nos sinceremos y de honrada manera levantemos de una vez por todas la voz del pueblo. Esa voz que dijo ¡no! a unos acuerdos sabidamente mentirosos. Todo lo cual para darles paso a la democracia y a los demócratas, que, como más de 46 millones de nacionales, quieren salir exitosamente de esta pandemia, no sin esfuerzo, no sin sacrificios de por medio.

Hacer historia para recordar la victoria popular no significa acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (jep), ni mandar a los exterroristas a la cárcel, ni abolir su partido político, ni desatender las decenas de proyectos productivos que marchan de manera exitosa, sino simplemente sincerarnos para decir ¡sí! a la democracia, al Estado de derecho y, consiguientemente, a la priorización de unos recursos para beneficiar a los menos favorecidos que son, naturalmente, los más necesitados.

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