El activismo judicial es un asunto de todos

Nuevos liderazgosEducación Abril 26, 2021

El activismo judicial es un asunto de todos

Por Pedro Contreras

Hace poco, uno de esos domingos de pandemia, encerrado por orden de la Alcaldía y sin actitud de hacer nada distinto que repetir una vieja comedia, me encontré con una curiosa escena en un capítulo de “Two and a Half Men”. Mientras Jake (un niño que para el momento no tendría más de 12 años) está rezando en la mesa de la sala, comienza a hablar en contra del activismo judicial, repitiendo un discurso de un líder religioso que vio en televisión. Inevitablemente llamó mi atención.

Desde finales del siglo pasado y los primeros años de este, la sociedad norteamericana ya se familiarizaba con un problema que se convertiría en una de las principales amenazas para la estabilidad jurídico-política de los Estados democráticos. Tanto así, que hasta los guionistas lo han incluido en las series de televisión como un concepto entendido por el común de las personas. Por el contrario, en Colombia nos encontramos tarde con el problema y también estamos demorados con la solución.

El activismo judicial no es nada distinto a lo que su nombre indica, una corriente que ha permitido a los jueces utilizar escenario jurídico para actuar como activistas de causas y agendas que, según ellos, deben ser implementadas. Lo que la población normalmente se acercaría a exigirle a los congresistas y gobernantes, ahora puede reclamarlo también a los jueces y tribunales.

Aunque algunos consideran positivo que los jueces hayan asumido ese rol, se está generando un daño a la separación de poderes. Sin embargo, para no aburrir con consideraciones doctrinales sobre la organización del Estado, haré una breve mención al impacto económico que han tenido algunas decisiones y los problemas que puede generar esta corriente.

Tiempo atrás, la Corte Constitucional comenzó a crear y ordenar la ejecución de políticas públicas al ejecutivo y también a tomar decisiones con efectos supremamente nocivos sobre las finanzas públicas. Ejemplos de esto se pueden encontrar en las sentencias sobre las cárceles o los desplazados, y en las ordenes que fueron impartidas dentro de los procesos de consultas populares, madres comunitarias, entre otros. Aunque en este último caso el gobierno logró que se declarará la nulidad parcial de la sentencia, el primer falló condenó al Estado al pago de una suma que amenazaba con quebrar al ICBF.

Ahora, es cierto que siempre será difícil saber cuándo realmente se está frente a un escenario de activismo judicial. A veces, sectores importantes lo consideran evidente, pero, naturalmente, la discusión académica va para largo. Sin embargo, sí salta a la vista el enorme poder que han adquirido los jueces (sobre todo los jueces constitucionales a través de las tutelas) cuando se trata de situaciones de enorme complejidad que esperan poder resolver en una sola sentencia, sin considerar los efectos que tendrá en las finanzas del Estado. De hecho, los golpes económicos de las sentencias llevaron a reformar la Constitución para incluir la sostenibilidad fiscal como criterio orientador y a incluir en la ley el famoso incidente de impacto fiscal.

 Con todo y eso, el poder de decisión lo mantienen los jueces y, aunque el motivo de las decisiones que exceden el marco legal puede parecer noble, la realidad es que el Estado está organizado de tal forma que se deben respetar las funciones de cada órgano, su capacidad para solucionar problemas y para decidir sobre temas propios de su función. Si los jueces quieren hacerse cargo de todo con decisiones apresuradas e ideologizadas, el remedio será peor que la enfermedad.

Estoy convencido de que la solución más próxima que tenemos a nuestro alcance es consolidar grupos y organizaciones ciudadanas decididas y dedicadas a tener el ojo puesto en la labor judicial, incluyendo los requisitos y calidades de quienes ocupan los cargos. Todo esto para exigirles el cumplimiento de la ley y no la imposición de sus ideologías, para que la rama judicial, que es fundamental para nuestro orden constitucional, permanezca fuera de tensiones propias de la política.

Como afirma la Federalist Society, el juez está para resolver con base en lo que dice la ley, no en lo que él piensa que debería decir.


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