El acuerdo internacional de Escazú: Una trampa para Colombia

Narrativa históricaCultura Mayo 2, 2022

Apreciados Amigos y queridos lectores, hoy quiero poner nuevamente en alerta máxima a todos ustedes y a los ciudadanos colombianos, como también a todos los estamentos privados y públicos de nuestra nación. Este acuerdo internacional fue presentado por segunda vez para su aprobación o no, al Congreso de la Republica. Inexplicablemente el Presidente Duque insistió en ello; la primera vez lo presentó con mensaje de urgencia y se hundió, y hace un tiempo el vice-Ministro de medio Ambiente lo presentó nuevamente al parlamento. En esta oportunidad la oposición en las opciones que le da el estatuto de oposición, lo tiene en la agenda para el trámite respectivo.

Los gremios y diferentes sectores del agro y la industria entre otros, como también voces autorizadas en el tema, de todas las disciplinas, le han expresado en todas las formas habidas y por haber al Presidente, y por ende al gobierno, y a las diferentes bancadas del Congreso de la Republica, sobre el peligro tan grande que representa este acuerdo, para la estabilidad y seguridad jurídica de Colombia, y para el desarrollo del País en proyectos de toda naturaleza, en el sector agrario, en el de infraestructura vial, ferroviario, eléctrico, fluvial, aéreo, en el industrial, en el petrolero, carbón, minero, ni se diga, en el de vivienda, para mencionar solo algunos de ellos.

Después de esta pequeña introducción, voy a pasar a presentarles apreciados amigos una reseña corta del acuerdo, para que tengamos una visión general del mismo.

El termino y el nombre actual del Cantón “ESCAZU”, hace referencia a la palabra indígena huetar, “ITZKATZU”, que significa “Sesteo” o “Piedra de Descanso”, es decir hay una referencia a lugar de descanso. San Rafael es el distrito número 3 del cantón de Escazú, de la provincia de San José en Costa Rica, fundado en el año de 1848.

Que dice el Acuerdo: Se presenta como una oportunidad de dialogo en la coyuntura internacional actual, en la que se requiere unir esfuerzos para trabajar en cada una de las propuestas, que cada país debe emprender para alcanzar las metas y compromisos, para tener un desarrollo sostenible al año 2030. Hasta aquí podemos decir que es un texto normal para un documento o acuerdo internacional.

El acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública, y el acceso a la justicia en temas ambientales en America Latina y el Caribe, ya representan un grave peligro. En estas tres opciones establecidas, cualquier nacional o extranjero, ONG, o grupo ambientalista, puede meter las narices para torpedear cualquier proyecto en nuestro país.

Entró en vigor el 22 de abril del 2021, en el día internacional de la tierra. Aquí ya podemos ver y entender el peligro inicial de este texto.

Luego de transcurridos los 90 días después del depósito del instrumento de ratificación del undécimo país (de acuerdo a lo exigido por el instrumento regional), el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, se cumplió el 22 de enero del 2021.

Países que ratifican el acuerdo son: Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y Las Granadinas-Saint Kits y Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Santa Lucia. Esto nos da una señal y un indicativo de la tendencia politica de los países firmantes.

De esta manera se convirtió en el primer instrumento ambiental de America Latina y el Caribe, y el único en su tipo a nivel global, en consagrar estándares de Protección para los defensores de Derechos Humanos, en asuntos ambientales.

Esta es ya otra muestra más del peligro tan grande que representa esta funesta figura, manejada con gran habilidad por la extrema izquierda, para la que solo existe como herramienta de Derechos Humanos, para atacar jurídicamente, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de Policia, por actuaciones en cumplimiento de su deber.

Ahora bien se imaginan que tanto tiene de largo como de ancho, esta protección a esos sujetos, para denunciar judicialmente e interrumpir proyectos de toda naturaleza, como lo mencioné anteriormente por parte de supuestos ambientalistas, Ongs, fundaciones, etc., venidos de cualquier nación de los países firmantes, para pedir la consulta previa, la suspensión de una obra cualquiera y la intervención judicial para enredar un proyecto. Ya los conocemos y su actuar es de total peligro para el País. Aquí no vienen en esas condiciones inversionistas extranjeros.

El objeto del Acuerdo de Escazú se encuentra descrito en el artículo 1 y tiene dos grandes dimensiones: La primera es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales en America Latina y el Caribe, y la segunda la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación en el marco del derecho a un ambiente sano y el desarrollo sostenible. El papel todo lo aguanta. La realidad es otra.

Para lograr el objetivo propuesto, el acuerdo desarrolla 27 artículos integrados en los siguientes bloques temáticos, a saber: Principios art 3/ Acceso a la información ambiental arts. 5-6/ Participación pública en los procesos de toma de decisiones art 7/ Acceso a la justicia en asuntos ambientales art 9/ Implementación capacidades y cooperación Arts. 10, 11, 12,13, 14/ Órganos-mecanismos institucionales Arts. 15, 17,18 / Normas y mecanismos procedimentales Arts. 16,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26.

Ahora bien, a nivel nacional el Presidente de la Republica sancionó el 4 de agosto de 2021, la Ley de delitos ambientales que modifica el Código Penal, para que los delitos contra el medio ambiente sean penalizados con sanciones entre 5 y 12 años de prisión, (no serán excarcelables). La Ley incluye la deforestación, la financiación ilegal de la misma, el tráfico de fauna, la invasión de áreas de importancia ecológica y la apropiación ilegal de baldíos de la nación.

Colombia presento en Glasgow un plan para adelantar a 2022 la idea de declarar el 30% del territorio como área protegida. Igualmente anunció que se limitaran en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero, antes del 2030 y seremos Carbono neutrales en el 2050; para el 2030 a cero la deforestación ilícita.

La COP26 parece haber logrado acuerdos como la reducción del uso del metano en un 30% para 2030, sobre los niveles del 2020. Es el responsable del 20% de los gases de efecto invernadero. El 80% es el Co2. Igualmente más de 100 países anunciaron poner fin a la deforestación para el 2030.

También se reafirmó la meta de reducir para 2050, a cero emisiones de carbono especialmente en plantas eléctricas. Solo China, Japón, Rusia, y Australia, no se han comprometido con eso.

Finalmente quiero reiterar a todos ustedes, que este Acuerdo de “ESCAZÚ” es una trampa monumental para Colombia, y debemos oponernos a su aprobación en el Congreso de la Republica, y debemos divulgar esta información por todos los medios, redes, chats, etc.

No podemos permitir que esos seudo-ambientalistas de los países firmantes, se entrometan y paralicen con demandas y peticiones cargadas de su ideología de extrema izquierda, para no permitir que los múltiples proyectos y programas de nuestro país de diferente naturaleza, se tranquen según el capricho de cualquier sujeto extranjero o nacional, que los quiera demandar. Ese acuerdo les da todas las herramientas, para hacerlo sin ningún problema.

Eso sí, a todos estos personajes defensores de los derechos humanos ambientales, no les preocupan las voladuras del oleoducto por parte de las guerrillas, como tampoco la contaminación de los ríos por los laboratorios de coca y por la minería ilegal, la deforestación sin contemplación ninguna para sembrar coca, entre otros.

Para muestra de su accionar en contra del desarrollo del país, está la tutela que presentaron en esta semana pasada, los tales ambientalistas para trancar el plan piloto en Puerto Wilches-Santander como elemento científico y técnico para la operación del Fracking, y aprobar o no su uso, para la ampliación de la producción petrolera, como lo hizo hace ya un tiempo Estados Unidos.


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