Pensando en Colombia: Letras y Esperanza para el País que Soñamos

El pasado 26 de marzo el Fiscal General de los  Estados Unidos, William Barr, anunció la  presentación de cargos contra Nicolás Maduro  y otros 14 funcionarios de su gobierno, entre  los que se encuentran Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; y Maikel Moreno,  presidente del Tribunal Supremo de Justicia,  entre otros. Se les acusa de conspiración para  el narcotráfico, nexos con grupos terroristas  como las FARC, la importación de cocaína  hacia territorio americano y la posesión de  armas ilegales. La imputación de cargos es el primero de los tres puntos de los que está  compuesto el nuevo plan de Estados Unidos  para sacar a Maduro del poder. El segundo  punto es el envío de barcos de la armada, aviones de inteligencia y fuerzas especiales al Caribe,  para intentar controlar la ruta utilizada por los  narcotraficantes en el Océano Atlántico. Finalmente,  el tercer punto es un plan de transición democrática, en el que Maduro y Guaidó tendrían que dar  un paso al costado y convocar a elecciones en  un plazo de 12 meses.  

Aunque los cargos se presentaron hace  pocas semanas, desde hace años se sabe  que Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Desde hace casi dos décadas,  el régimen chavista se ha encargado de coordinar, financiar y apoyar actividades relacionadas con el tráfico de cocaína.  Desde el año 2002, altos funcionarios del Estado venezolano han sido acusados o sancionados por actividades relacionadas con el narcotráfico. Como señalaba el Wall  Street Journal en el 2015, Diosdado Cabello,  segundo en la jerarquía chavista, ha sido investigado desde hace más de una década por ser el presunto jefe de lo que hoy se conoce como el “Cartel de los Soles”, organización conformada por miembros de las Fuerzas  Armadas venezolanas y altos funcionarios  del gobierno, cuyo principal objetivo es el tráfico de cocaína, además de participar activamente en otras actividades ilícitas,  como el contrabando de oro, coltán, y otros minerales preciosos. 

Néstor Reverol, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana y actual ministro del  Interior, Justicia y Paz, fue acusado por un  juzgado de Brooklyn en el 2016, por sus  nexos con organizaciones del narcotráfico. 

Por otro lado, según varios archivos secretos  recopilados por agentes venezolanos,  entregados y publicados por el New York entregados y publicados por el New York  Times en mayo del 2019, Tareck El- Aisami,  exvicepresidente y uno de los hombres más  poderosos dentro del régimen, ha colaborado  activamente con Hezbolá infiltrando varios de  sus agentes en territorio venezolano, además de  esconder 140 toneladas de químicos utilizados  para la producción de cocaína y haberse  enriquecido por sus nexos con el narcotráfico,  mientras su país se sumía en la miseria y el caos. Estos son solo algunos ejemplos de Altos funcionarios del Estado venezolano que han  estado implicados en actividades criminales.  

Mientras en Venezuela se consolidaba un Estado  criminal, en Colombia aumentaban los cultivos  de coca. En el 2010, había un total de 50.000  hectáreas de coca. Para el 2018 el número se  había cuadruplicado y se registraban 209.000 hectáreas sembradas en coca, que producían  921 toneladas de cocaína al año. En definitiva, la  participación del Estado venezolano en el tráfico  de cocaína, sumado a la fallida política antidrogas  del gobierno de Juan Manuel Santos impulsaron  el aumento exponencial de hectáreas sembradas  en coca. Y es que los principales productores de  cocaína en Colombia, el ELN, las FARC y las  BACRIM, encontraron en Venezuela un santuario  para sus actividades criminales. En la primera  década del 2000 y con la venia del entonces  presidente Hugo Chávez, el ELN y las FARC se establecieron en los Estados fronterizos de  Apure, Zulia, y Táchira, en Venezuela.  

Tras el bombardeo en territorio ecuatoriano que terminaría por abatir a alias “Raúl Reyes” comandante de las FARC, se encontró un  computador con varios nombres de altos  funcionarios del gobierno bolivariano. Por otro lado, en 2018 la justicia americana  acusó a Iván Márquez de recibir armas procedentes de las Fuerza Armadas venezolanas y a Jesús Santrich de recibir US300.000 dólares para construir un laboratorio de cocaína en Apure.  

Es claro que el narcoestado venezolano ha  fortalecido y enriquecido a grupos terroristas colombianos. Mientras en Venezuela  gobiernen personas íntimamente ligadas  con el narcotráfico y las actividades criminales de dichas organizaciones, Colombia tendrá  un inmenso obstáculo en su camino hacia  la paz. Los campos colombianos seguirán  inundados de coca y teñidos de la sangre  de campesinos y civiles mientras Venezuela sirva como corredor para el transporte de  la cocaína que se produce en nuestro país.  La caída de Nicolás Maduro y su régimen, y  la posterior restauración democrática y  reconstrucción del vecino país, será esencial para que Colombia avance en el camino de  convertirse en un país más seguro, próspero y desarrollado. Cualquier esfuerzo por  derribar a Maduro debe ser apoyado por  Colombia, para disminuir los posibles efectos negativos que dicha operación traiga para  nuestro país y contribuir a la construcción  de una nueva Venezuela, democrática y  libre, que no sirva a los intereses de los  narcos y las organizaciones criminales, que  tanto daño han hecho a Colombia.