Estados Unidos en el Caribe venezolano: ¿riesgo u oportunidad para Colombia?
El pasado 26 de marzo el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, anunció la presentación de cargos contra Nicolás Maduro y otros 14 funcionarios de su gobierno, entre los que se encuentran Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; y Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. Se les acusa de conspiración para el narcotráfico, nexos con grupos terroristas como las FARC, la importación de cocaína hacia territorio americano y la posesión de armas ilegales. La imputación de cargos es el primero de los tres puntos de los que está compuesto el nuevo plan de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder. El segundo punto es el envío de barcos de la armada, aviones de inteligencia y fuerzas especiales al Caribe, para intentar controlar la ruta utilizada por los narcotraficantes en el Océano Atlántico. Finalmente, el tercer punto es un plan de transición democrática, en el que Maduro y Guaidó tendrían que dar un paso al costado y convocar a elecciones en un plazo de 12 meses.
Aunque los cargos se presentaron hace pocas semanas, desde hace años se sabe que Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Desde hace casi dos décadas, el régimen chavista se ha encargado de coordinar, financiar y apoyar actividades relacionadas con el tráfico de cocaína. Desde el año 2002, altos funcionarios del Estado venezolano han sido acusados o sancionados por actividades relacionadas con el narcotráfico. Como señalaba el Wall Street Journal en el 2015, Diosdado Cabello, segundo en la jerarquía chavista, ha sido investigado desde hace más de una década por ser el presunto jefe de lo que hoy se conoce como el “Cartel de los Soles”, organización conformada por miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas y altos funcionarios del gobierno, cuyo principal objetivo es el tráfico de cocaína, además de participar activamente en otras actividades ilícitas, como el contrabando de oro, coltán, y otros minerales preciosos.
Néstor Reverol, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana y actual ministro del Interior, Justicia y Paz, fue acusado por un juzgado de Brooklyn en el 2016, por sus nexos con organizaciones del narcotráfico.
Por otro lado, según varios archivos secretos recopilados por agentes venezolanos, entregados y publicados por el New York entregados y publicados por el New York Times en mayo del 2019, Tareck El- Aisami, exvicepresidente y uno de los hombres más poderosos dentro del régimen, ha colaborado activamente con Hezbolá infiltrando varios de sus agentes en territorio venezolano, además de esconder 140 toneladas de químicos utilizados para la producción de cocaína y haberse enriquecido por sus nexos con el narcotráfico, mientras su país se sumía en la miseria y el caos. Estos son solo algunos ejemplos de Altos funcionarios del Estado venezolano que han estado implicados en actividades criminales.
Mientras en Venezuela se consolidaba un Estado criminal, en Colombia aumentaban los cultivos de coca. En el 2010, había un total de 50.000 hectáreas de coca. Para el 2018 el número se había cuadruplicado y se registraban 209.000 hectáreas sembradas en coca, que producían 921 toneladas de cocaína al año. En definitiva, la participación del Estado venezolano en el tráfico de cocaína, sumado a la fallida política antidrogas del gobierno de Juan Manuel Santos impulsaron el aumento exponencial de hectáreas sembradas en coca. Y es que los principales productores de cocaína en Colombia, el ELN, las FARC y las BACRIM, encontraron en Venezuela un santuario para sus actividades criminales. En la primera década del 2000 y con la venia del entonces presidente Hugo Chávez, el ELN y las FARC se establecieron en los Estados fronterizos de Apure, Zulia, y Táchira, en Venezuela.
Tras el bombardeo en territorio ecuatoriano que terminaría por abatir a alias “Raúl Reyes” comandante de las FARC, se encontró un computador con varios nombres de altos funcionarios del gobierno bolivariano. Por otro lado, en 2018 la justicia americana acusó a Iván Márquez de recibir armas procedentes de las Fuerza Armadas venezolanas y a Jesús Santrich de recibir US300.000 dólares para construir un laboratorio de cocaína en Apure.
Es claro que el narcoestado venezolano ha fortalecido y enriquecido a grupos terroristas colombianos. Mientras en Venezuela gobiernen personas íntimamente ligadas con el narcotráfico y las actividades criminales de dichas organizaciones, Colombia tendrá un inmenso obstáculo en su camino hacia la paz. Los campos colombianos seguirán inundados de coca y teñidos de la sangre de campesinos y civiles mientras Venezuela sirva como corredor para el transporte de la cocaína que se produce en nuestro país. La caída de Nicolás Maduro y su régimen, y la posterior restauración democrática y reconstrucción del vecino país, será esencial para que Colombia avance en el camino de convertirse en un país más seguro, próspero y desarrollado. Cualquier esfuerzo por derribar a Maduro debe ser apoyado por Colombia, para disminuir los posibles efectos negativos que dicha operación traiga para nuestro país y contribuir a la construcción de una nueva Venezuela, democrática y libre, que no sirva a los intereses de los narcos y las organizaciones criminales, que tanto daño han hecho a Colombia.
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