La educación escolar también debe ser la prioridad

Judicial y legislativaEducación Febrero 23, 2021

Hace un par de semanas me encontraba en clase  discutiendo con mis compañeros los efectos de la  pandemia del Covid-19 en diferentes sectores de  la sociedad. La mayoría hacían hincapié en la  necesidad de reabrir comercios y diferentes sectores económicos e incentivar el autocuidado  para poder paliar los efectos de las cuarentenas,  haciendo énfasis en el constante debate entre  salud y economía que ha acaparado la atención  de las principales discusiones nacionales sobre la pandemia. Al cabo de varios minutos de debate,  se relató el testimonio de una madre quien es  profesora de primaria de una escuela pública en  un pueblo en el departamento de Cundinamarca  y que ha tenido que elaborar y diseñar nuevas estrategias pedagógicas para que sus alumnos,  niños entre los 7 y 8 años, puedan continuar  aprendiendo y estudiando sin contar con medios  tecnológicos, ni con conexión a internet, exponiendo una realidad que a muchos no les interesa ni escuchar. 

El arribo del Covid-19 a Colombia puso en  evidencia los grandes retrasos y dificultades  que viven cientos de niñas, niños y adolescentes en el país, los cuales, un día sin previo aviso y  debido a un virus desconocido e incierto,  tuvieron que dejar de asistir a su colegio y empezar a estudiar o intentar hacerlo, a través de medios a los que en muchos casos no  tienen acceso. Durante los últimos años el  Gobierno Nacional ha intentado fortalecer la  educación escolar, en un principio aumentando la cobertura y después mejorando la calidad,  pero hoy esta pandemia presenta un nuevo  reto: la permanencia, como lo plantea la Ministra de Educación María Victoria Angulo, debe ser una garantía para que cada niño pueda seguir recibiendo sus clases sin interrupción en su proceso de aprendizaje. 

En un inicio considerábamos que este virus no  distinguía raza, sexo, estrato socioeconómico  o el nivel educativo, sin embargo, hoy según  datos publicados por el periódico El Tiempo, más de 13.000 estudiantes han dejado el colegio 
durante la pandemia, siendo la conectividad el  mayor obstáculo para acceder a clases. Es así  como el Covid-19 ha ahondado las brechas  permanentes de desigualdad en nuestro país,  y aún peor, estamos siendo testigos de cómo  los más vulnerables e indefensos son los más olvidados y desatendidos por causa de la  indolencia de una sociedad y un sector económico y político apático, que priorizan perpetuar  debates que dividen y quiebran a una nación,  y no anteponen el deber de proteger y salvaguardar los derechos de nuestra niñez. 

Si bien es cierto, cientos de niños, niñas y adolescentes han tenido la opción de continuar con sus clases por medio de la virtualidad, gracias al ingenio, dedicación y paciencia de maestros que han tenido que rediseñar metodologías de aprendizaje adaptadas a las nuevas necesidades, la  realidad es que miles hoy no tienen la posibilidad de  hacerlo y, al parecer, como sociedad estamos en  una dualidad de conciencia, permitiendo que el  tema pase a un segundo plano o simplemente  haciendo caso omiso de las cifras de deserción  escolar y de las necesidades propias del desarrollo cognitivo, emocional y social de la etapa infantil y juvenil. 

Definitivamente el Covid-19 nos tomó a todos desprevenidos y, en muchos casos, sin la capacidad  de mitigar las consecuencias que conlleva el aislamiento obligatorio. Sin embargo, la incertidumbre del  futuro no puede convertirse en la excusa para que  sigamos desatendiendo la obligación que tenemos  con los niños y niñas, y mucho menos puede convertirse en el pretexto de políticos que llevan  años usando a la población infantil como bandera de captación de votos para dejarlos en el olvido y condenarnos a ser el último segmento de la población en volver a la “normalidad”. 

Finalmente, ¿qué estamos esperando? ¿Tenemos  que esperar a que llegue una vacuna para permitir  que los niños y niñas puedan hacer efectivo su  derecho a la educación volviendo a la presencialidad? ¿o por primera vez, priorizamos sus derechos  y aprendemos de otros sistemas que no se han  varado en la existencia de la pandemia y logramos implementar nuevas alternativas educativas adaptadas a nuevos métodos y sistemas que  permitan la continuidad? Esta discusión nos compromete a todos los sectores de la sociedad  civil, es fundamental que la opinión pública priorice  este debate y el sector privado y público realmente  logren aunar esfuerzos para garantizar la permanencia de la educación a la población que más nos ha enseñado durante esta nueva realidad: los niños.


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