Más dudas que certezas
Debido a las medidas que ha tomado el Gobierno de Colombia para reducir la velocidad de contagio del Covid-19 y evitar el colapso del sistema de salud, los ingresos de hogares vulnerables, pobres y que dependen de empleos informales se han visto afectados. A pesar de las políticas de ayuda social como la devolución del IVA, la creación del Ingreso Solidario y la consignación de giros extraordinarios a los beneficiarios de Adulto Mayor, Jóvenes en Acción y Familias en Acción; las transferencias directas parecen ser insuficientes.
La crisis de los hogares ha llevado a que más de cincuenta Congresistas hayan impulsado el proyecto de Ley de Renta Básica, que proponía hacer transferencias directas a 9,5 millones de familias pobres y vulnerables, quienes recibirían un salario mínimo mensual vigente -$877.000- y a 3,5 millones de trabajadores en actividades formales e independientes vulnerables, quienes obtendrían un salario mínimo con las prestaciones sociales vigentes -$1.409.000-, por un lapso de tres meses. La propuesta se hundió por falta de trámite en la Comisión Tercera del Senado de la República el 20 de junio. Sin embargo, sus promotores afirman que el debate se retomará en la próxima legislatura que se instalará el próximo 20 de julio. No obstante, este proyecto de ley deja más dudas que certezas.
Pese a que el proyecto estaba planeado para operar en un lapso de tres meses, algunos de sus promotores han propuesto implementarla a largo plazo. El debate debe darse, pero realizarlo de manera exprés puede generar más daños a las finanzas públicas que beneficios a los colombianos. En tres meses la propuesta costaría cerca de 40 billones de pesos -un valor cercano al presupuesto que se destinó para el rubro de educación para 2020, que es la asignación más alta de todos los sectores- equivalente al 4% del PIB. Por lo que la primera duda es ¿cómo se va a financiar? Las propuestas son varias: fusionar los subsidios de programas sociales, créditos extraordinarios del Banco de la República, deuda con entidades multilaterales y la refinanciación de la misma.
La fusión de subsidios es una medida relevante; sin embargo, su aporte es mínimo respecto a los 40 billones que requiere la propuesta. Una deuda creciente es particularmente problemática en un contexto donde la economía está fuertemente resentida, estaríamos comprometiendo vigencias futuras, endeudaríamos varias generaciones y no es claro de dónde saldrían los recursos para pagarla. Si bien la deuda no es mala per sé, cuando esta se hace para cubrir gastos y no inversiones que eventualmente generen retorno, no es otra cosa que abrir un hueco para tapar otro.
Frente a la propuesta de los impuestos se abre un segundo interrogante ¿hacer una reforma tributaria exprés? Algunos de sus defensores, como el senador del partido Farc Julián Gallo, proponen usar el recaudo del 4x1.000 y crear impuestos al patrimonio a personas naturales y, eventualmente, a empresas; lo que es insuficiente para financiar el proyecto y no avanza hacia la simplificación tributaria (el sistema actual es complejo y hace tratamientos diferenciados injustificados, favoreciendo a la evasión y la elusión), la reducción beneficios tributarios (los descuentos, las exenciones y las tarifas diferenciales generan pérdidas anuales de 80 billones de pesos) ni la progresividad (que quienes tengan mayor capacidad de pago contribuyan proporcionalmente más que quienes tiene menos), condiciones necesarias para mejorar la eficiencia y la equidad del esquema impositivo actual.
Tercera inquietud, ¿qué tan viable es sin el apoyo del Ejecutivo? Si bien las declaraciones del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, demuestran el interés por la discusión sobre la renta básica universal,
apuntan a que realizarlo en este momento no es viable por limitaciones de tiempo y presupuesto, por lo que sus promotores señalan que se puede implementar vía legislativa sujetos al artículo 215 de la Constitución Política, el cual establece que el Presidente, con la firma de todos sus ministros, puede declarar el Estado de Emergencia por períodos de treinta días -bajo este marco se podría destinar un presupuesto extraordinario a la iniciativa-. Sin embargo, el Viceministro de Hacienda manifestó que el Gobierno no cuenta con recursos suficientes para financiarlo y, por lo tanto, no apoyará el proyecto de ley.
Cuarta pregunta ¿cómo seleccionarán la población? Dos de las grandes barreras que se han presentado para que los beneficiarios puedan acceder a las trasferencias actuales son la identificación y la no bancarización. Estos problemas tampoco parece resolverlos la iniciativa teniendo en cuenta que utilizan las mismas bases de datos.
Pese a que iniciativas similares -relacionadas con el Ingreso Básico Universal (IBU)- han hecho carrera en otros países como España y se han adelantado proyectos piloto en Namibia, India, Estados Unidos, Finlandia y Canadá, ni su factibilidad ni su eficiencia han sido demostradas; su financiación requiere eliminar todos los programas de ayuda social y recurrir a altas tasas impositivas. Cabe señalar que el IBU se caracteriza por la universalidad -es para todos los ciudadanos-, la no condicionalidad -no hay requisitos para obtener y mantener el beneficio y la transferencia de un ingreso básico; el proyecto de Ley de Renta Básica ni es universal ni responde a necesidades particulares.
Considerando que no hay recursos suficientes para implementar la propuesta y que ya existe un sistema de trasferencias focalizado, que atiende a las diversas características de la población, ¿no sería mejor fortalecerlo a la vez que se va consolidando la reapertura económica? Sin duda el crecimiento económico, el apoyo a la iniciativa privada y la protección del empleo tienen mayor potencial para reducir los índices de pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas a largo plazo, que transferencias no condicionadas cuyos costos exceden la capacidad del Estado y son menos eficientes que los sistemas de protección enfocados a las necesidades de los hogares.
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