Pensando en Colombia: Letras y Esperanza para el País que Soñamos

Debido a las medidas que ha tomado el  Gobierno de Colombia para reducir la velocidad  de contagio del Covid-19 y evitar el colapso del sistema de salud, los ingresos de hogares  vulnerables, pobres y que dependen de  empleos informales se han visto afectados. A  pesar de las políticas de ayuda social como la  devolución del IVA, la creación del Ingreso  Solidario y la consignación de giros extraordinarios a los beneficiarios de Adulto Mayor, Jóvenes  en Acción y Familias en Acción; las transferencias directas parecen ser insuficientes. 

La crisis de los hogares ha llevado a que más  de cincuenta Congresistas hayan impulsado el  proyecto de Ley de Renta Básica, que proponía hacer transferencias directas a 9,5 millones de  familias pobres y vulnerables, quienes  recibirían un salario mínimo mensual vigente -$877.000- y a 3,5 millones de trabajadores en  actividades formales e independientes vulnerables,  quienes obtendrían un salario mínimo con las  prestaciones sociales vigentes -$1.409.000-, por  un lapso de tres meses. La propuesta se hundió  por falta de trámite en la Comisión Tercera del  Senado de la República el 20 de junio. Sin  embargo, sus promotores afirman que el debate  se retomará en la próxima legislatura que se  instalará el próximo 20 de julio. No obstante, este  proyecto de ley deja más dudas que certezas.

Pese a que el proyecto estaba planeado para  operar en un lapso de tres meses, algunos de sus  promotores han propuesto implementarla a largo  plazo. El debate debe darse, pero realizarlo de  manera exprés puede generar más daños a las  finanzas públicas que beneficios a los colombianos.  En tres meses la propuesta costaría cerca de 40  billones de pesos -un valor cercano al presupuesto que se destinó para el rubro de educación para  2020, que es la asignación más alta de todos los  sectores- equivalente al 4% del PIB. Por lo que la  primera duda es ¿cómo se va a financiar? Las propuestas son varias: fusionar los subsidios de  programas sociales, créditos extraordinarios del  Banco de la República, deuda con entidades  multilaterales y la refinanciación de la misma.

La fusión de subsidios es una medida relevante; sin  embargo, su aporte es mínimo respecto a los 40  billones que requiere la propuesta. Una deuda  creciente es particularmente problemática en un  contexto donde la economía está fuertemente  resentida, estaríamos comprometiendo vigencias  futuras, endeudaríamos varias generaciones y no  es claro de dónde saldrían los recursos para  pagarla. Si bien la deuda no es mala per sé, cuando  esta se hace para cubrir gastos y no inversiones  que eventualmente generen retorno, no es otra  cosa que abrir un hueco para tapar otro.

Frente a la propuesta de los impuestos se abre un  segundo interrogante ¿hacer una reforma tributaria exprés? Algunos de sus defensores, como el senador del partido Farc Julián Gallo, proponen usar el  recaudo del 4x1.000 y crear impuestos al patrimonio  a personas naturales y, eventualmente, a empresas;  lo que es insuficiente para financiar el proyecto y no  avanza hacia la simplificación tributaria (el sistema  actual es complejo y hace tratamientos diferenciados  injustificados, favoreciendo a la evasión y la  elusión), la reducción beneficios tributarios (los  descuentos, las exenciones y las tarifas diferenciales generan pérdidas anuales de 80 billones de pesos)  ni la progresividad (que quienes tengan mayor capacidad de pago contribuyan proporcionalmente más que quienes tiene menos), condiciones necesarias  para mejorar la eficiencia y la equidad del esquema impositivo actual. 

Tercera inquietud, ¿qué tan viable es sin el apoyo  del Ejecutivo? Si bien las declaraciones del Ministro  de Hacienda, Alberto Carrasquilla, demuestran el  interés por la discusión sobre la renta básica universal, 
apuntan a que realizarlo en este momento no es  viable por limitaciones de tiempo y presupuesto, por lo  que sus promotores señalan que se puede implementar vía legislativa sujetos al artículo 215 de la Constitución Política, el cual establece que el Presidente, con la  firma de todos sus ministros, puede declarar el  Estado de Emergencia por períodos de treinta días  -bajo este marco se podría destinar un presupuesto  extraordinario a la iniciativa-. Sin embargo, el Viceministro de Hacienda manifestó que el Gobierno no cuenta  con recursos suficientes para financiarlo y, por lo  tanto, no apoyará el proyecto de ley. 

Cuarta pregunta ¿cómo seleccionarán la población? Dos de las grandes barreras que se han presentado para que los beneficiarios puedan acceder a las  trasferencias actuales son la identificación y la no  bancarización. Estos problemas tampoco parece  resolverlos la iniciativa teniendo en cuenta que  utilizan las mismas bases de datos.  

Pese a que iniciativas similares -relacionadas con el  Ingreso Básico Universal (IBU)- han hecho carrera  en otros países como España y se han adelantado  proyectos piloto en Namibia, India, Estados Unidos, Finlandia y Canadá, ni su factibilidad ni su eficiencia  han sido demostradas; su financiación requiere  eliminar todos los programas de ayuda social y recurrir a altas tasas impositivas. Cabe señalar que  el IBU se caracteriza por la universalidad -es para  todos los ciudadanos-, la no condicionalidad -no  hay requisitos para obtener y mantener el beneficio y la transferencia de un ingreso básico; el proyecto de  Ley de Renta Básica ni es universal ni responde a  necesidades particulares.

Considerando que no hay recursos suficientes  para implementar la propuesta y que ya existe un  sistema de trasferencias focalizado, que atiende a  las diversas características de la población, ¿no  sería mejor fortalecerlo a la vez que se va consolidando la reapertura económica? Sin duda el crecimiento económico, el apoyo a la iniciativa privada y la  protección del empleo tienen mayor potencial  para reducir los índices de pobreza y mejorar la  calidad de vida de las personas a largo plazo, que  transferencias no condicionadas cuyos costos  exceden la capacidad del Estado y son menos  eficientes que los sistemas de protección enfocados  a las necesidades de los hogares.