Modernización tecnológica de la justicia: ¿quién es el responsable?
En contextos de crisis se acentúa la posibilidad de que los conflictos surjan con mayor intensidad y frecuencia. Las consecuencias sociales y económicas generadas por el COVID-19 serán, sin duda, una fuente de conflictos judiciales en materia civil, comercial, laboral, penal, contencioso administrativa, de garantía de derechos fundamentales y derechos sociales, entre otros. La tendencia más común de los ciudadanos probablemente será pensar en los jueces como la respuesta principal a sus ideales de justicia, sobretodo en medio de una pandemia en la que el malestar social y las críticas al Ejecutivo y al Legislativo aumentan al compás del populismo.
El proceso judicial ha sido el mecanismo imperante en Colombia al momento de buscar justicia. Las estadísticas de congestión evidencian nuestra cultura del litigio. Durante años se ha planteado como una de las soluciones para la descongestión que en todas las actuaciones judiciales se incentive el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales 1. Esto, también con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, además de ampliar su cobertura. Sin duda, es una apuesta necesaria que permitiría superar varios de los obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos y los servidores públicos para lograr mayor celeridad y eficacia en la solución de los conflictos. No obstante, la pandemia dejó ver una radiografía de las dificultades que aún enfrenta la justicia en esa materia, que son más profundas y complejas de lo que parece, y que no se reducen de forma exclusiva a la disponibilidad de recursos económicos, humanos o técnicos, sino que también están relacionadas con la actitud de la sociedad en general hacia la administración de justicia.
En el contexto de la pandemia, el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), principalmente, han planteado algunas alternativas para que por medio de la modernización tecnológica de la justicia se garantice el acceso de los ciudadanos a los servicios judiciales, incluidos los mecanismos alternos de solución de conflictos como la conciliación, el arbitraje o la amigable composición, en lo que muchos han denominado “la nueva normalidad”. Solo por mencionar algunas de esas medidas, se pueden consultar los Decretos Legislativos 491 y 806 de 2020 o los diferentes Acuerdos del CSJ sobre el tema.
Desde luego, dichos esfuerzos, además de necesarios, son plausibles. En esta etapa de transformación obligada del sistema judicial, por supuesto que es importante que haya una política de Estado adecuada y oportuna, además de un compromiso honesto de los servidores públicos y de los particulares que tienen a su cargo la valiosa tarea de administrar justicia en una sociedad democrática. También será clave la participación del sector privado en la creación, implementación y mantenimiento de las herramientas tecnológicas que faciliten la digitalización de la justicia. Sin embargo, más importante que esos factores, es necesario incentivar la responsabilidad individual y la conciencia ciudadana en relación con el autogobierno, además de propiciar la gestión autónoma de los conflictos, siempre que sea posible. Si no se cambia la concepción generalizada sobre la manera de abordar los conflictos y de ejercer las libertades individuales, el sistema judicial, aun cuando disponga de herramientas digitales innovadoras y cuente con el esfuerzo invaluable de los funcionarios, no podrá responder de forma oportuna y efectiva a las demandas de justicia de la ciudadanía ni al mantenimiento del Estado de derecho y de los principios democráticos.
Ver, por ejemplo, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el artículo 103 del Código General del Proceso.
Estamos transitando un momento de transformaciones fundamentales sin precedentes. Esta también puede ser la oportunidad adecuada para cambiar ese paradigma tan arraigado en nuestra sociedad según el cual la única manera de dirimir un conflicto, de cualquier naturaleza, es acudir a un juez, aun cuando esto implique, en algunos casos, esperar varios años, asumir elevados costos o propiciar el activismo judicial exacerbado, en desmedro, por ejemplo, de la separación de poderes.
En ese sentido, los esfuerzos por promover el uso de la tecnología para la administración de justicia deben estar acompañados de estrategias serias, constantes y asertivas de pedagogía y capacitación de la ciudadanía en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos y de participación ciudadana. No se trata solamente de poner a disposición de las personas una serie de canales digitales para que accedan al sistema judicial. Infortunadamente ese ha sido el enfoque hasta ahora. También es necesario incentivar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en contextos que le permitan a los ciudadanos, en ejercicio de su autonomía, gestionar la solución de sus propias controversias y fortalecer el rol de la sociedad civil en ese propósito.
En síntesis, la digitalización no consiste en habilitar los correos electrónicos de los despachos judiciales para que los ciudadanos radiquen sus acciones jurídicas con pretensiones individuales o de interés público; o en escanear los cientos de folios de los expedientes para poder consultarlos en PDF por medio de una página web; o en llevar a cabo audiencias
judiciales o de conciliación por Skype o por Zoom. La modernización tecnológica de la justicia y el ideal de digitalización serán exitosos cuando la sociedad en su conjunto sea consciente de la necesidad de racionalizar el uso de los servicios judiciales, de optimizar los recursos económicos, humanos y técnicos, de que las herramientas digitales son apenas un medio para acceder a la justicia y no un fin en sí mismas, del rol subsidiario del Estado —en esta y en otras
materias— y de la responsabilidad individual como piedra angular de las relaciones sociales.
De lo contrario, los servidores públicos pasarán de convivir a diario con cientos de expedientes apilados en los despachos a tener que navegar entre terabytes de información almacenados en los servidores. Los ciudadanos, por su parte, en muchos casos, seguirán esperando una sentencia o cambios estructurales durante años, pero ya no detrás de la baranda de un juzgado, sino en su correo electrónico, mientras divulgan en Facebook o en Twitter sus inconformidades por la ineficiencia del sistema para gestionar las crisis y para resolver los conflictos de manera oportuna.
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