Pensando en Colombia: Letras y Esperanza para el País que Soñamos

En contextos de crisis se acentúa la posibilidad  de que los conflictos surjan con mayor intensidad  y frecuencia. Las consecuencias sociales y  económicas generadas por el COVID-19 serán,  sin duda, una fuente de conflictos judiciales en materia civil, comercial, laboral, penal, contencioso administrativa, de garantía de derechos fundamentales y derechos sociales, entre  otros. La tendencia más común de los ciudadanos probablemente será pensar en  los jueces como la respuesta principal a sus  ideales de justicia, sobretodo en medio de  una pandemia en la que el malestar social y  las críticas al Ejecutivo y al Legislativo  aumentan al compás del populismo.  

El proceso judicial ha sido el mecanismo  imperante en Colombia al momento de  buscar justicia. Las estadísticas de congestión evidencian nuestra cultura del litigio. Durante  años se ha planteado como una de las soluciones para la descongestión que en todas las actuaciones judiciales se incentive el uso de las  tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales 1.  Esto, también con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, además de ampliar su  cobertura. Sin duda, es una apuesta necesaria  que permitiría superar varios de los obstáculos  a los que se enfrentan los ciudadanos y los  servidores públicos para lograr mayor celeridad y eficacia en la solución de los conflictos. No  obstante, la pandemia dejó ver una radiografía  de las dificultades que aún enfrenta la justicia  en esa materia, que son más profundas y complejas de lo que parece, y que no se reducen de forma exclusiva a la disponibilidad  de recursos económicos, humanos o técnicos,  sino que también están relacionadas con la  actitud de la sociedad en general hacia la  administración de justicia.  

En el contexto de la pandemia, el Gobierno y el  Consejo Superior de la Judicatura (CSJ),  principalmente, han planteado algunas alternativas para que por medio de la  modernización tecnológica de la justicia se  garantice el acceso de los ciudadanos a los  servicios judiciales, incluidos los mecanismos  alternos de solución de conflictos como la  conciliación, el arbitraje o la amigable  composición, en lo que muchos han denominado “la nueva normalidad”. Solo por mencionar  algunas de esas medidas, se pueden consultar  los Decretos Legislativos 491 y 806 de 2020 o  los diferentes Acuerdos del CSJ sobre el tema. 

Desde luego, dichos esfuerzos, además de necesarios, son plausibles. En esta etapa de transformación obligada del sistema judicial, por  supuesto que es importante que haya una política de  Estado adecuada y oportuna, además de un compromiso honesto de los servidores públicos y de  los particulares que tienen a su cargo la valiosa tarea  de administrar justicia en una sociedad democrática.  También será clave la participación del sector privado  en la creación, implementación y mantenimiento de  las herramientas tecnológicas que faciliten la  digitalización de la justicia. Sin embargo, más  importante que esos factores, es necesario incentivar  la responsabilidad individual y la conciencia ciudadana en relación con el autogobierno, además  de propiciar la gestión autónoma de los conflictos,  siempre que sea posible. Si no se cambia la  concepción generalizada sobre la manera de abordar  los conflictos y de ejercer las libertades individuales, el  sistema judicial, aun cuando disponga de herramientas  digitales innovadoras y cuente con el esfuerzo invaluable de los funcionarios, no podrá responder de  forma oportuna y efectiva a las demandas de justicia  de la ciudadanía ni al mantenimiento del Estado de  derecho y de los principios democráticos.  

Ver, por ejemplo, la Ley Estatutaria de la Administración de  Justicia y el artículo 103 del Código General del Proceso.  

Estamos transitando un momento de transformaciones fundamentales sin precedentes. Esta también puede  ser la oportunidad adecuada para cambiar ese  paradigma tan arraigado en nuestra sociedad según  el cual la única manera de dirimir un conflicto, de  cualquier naturaleza, es acudir a un juez, aun cuando  esto implique, en algunos casos, esperar varios años,  asumir elevados costos o propiciar el activismo  judicial exacerbado, en desmedro, por ejemplo, de la separación de poderes.  

En ese sentido, los esfuerzos por promover el uso de  la tecnología para la administración de justicia deben estar acompañados de estrategias serias, constantes  y asertivas de pedagogía y capacitación de la  ciudadanía en materia de mecanismos alternativos  de solución de conflictos y de participación ciudadana. No se trata solamente de poner a disposición de las  personas una serie de canales digitales para que  accedan al sistema judicial. Infortunadamente ese ha  sido el enfoque hasta ahora. También es necesario  incentivar el uso de las tecnologías de la información  y las comunicaciones en contextos que le permitan a  los ciudadanos, en ejercicio de su autonomía, gestionar la solución de sus propias controversias y fortalecer  el rol de la sociedad civil en ese propósito.  

En síntesis, la digitalización no consiste en habilitar  los correos electrónicos de los despachos judiciales  para que los ciudadanos radiquen sus acciones  jurídicas con pretensiones individuales o de interés  público; o en escanear los cientos de folios de los  expedientes para poder consultarlos en PDF por  medio de una página web; o en llevar a cabo audiencias 
judiciales o de conciliación por Skype o por Zoom.  La modernización tecnológica de la justicia y el ideal  de digitalización serán exitosos cuando la sociedad  en su conjunto sea consciente de la necesidad de  racionalizar el uso de los servicios judiciales, de optimizar los recursos económicos, humanos y técnicos, de  que las herramientas digitales son apenas un medio  para acceder a la justicia y no un fin en sí mismas, del  rol subsidiario del Estado —en esta y en otras 
materias— y de la responsabilidad individual como  piedra angular de las relaciones sociales.  

De lo contrario, los servidores públicos pasarán de  convivir a diario con cientos de expedientes apilados  en los despachos a tener que navegar entre  terabytes de información almacenados en los servidores. Los ciudadanos, por su parte, en muchos casos,  seguirán esperando una sentencia o cambios  estructurales durante años, pero ya no detrás de la baranda de un juzgado, sino en su correo electrónico, mientras divulgan en Facebook o en Twitter sus  inconformidades por la ineficiencia del sistema para  gestionar las crisis y para resolver los conflictos de manera oportuna.