¡Son millón y medio de votos!

Narrativa históricaCultura Abril 22, 2022

El texto, escrito a mano en el margen inferior de la página 2 del acta de escrutinio auxiliar Z11 Suba Aux 08, es aplastante: “La comisión escrutadora dejó constancia de las inconsistencias encontradas en los formularios E24 y E26, pero por disposición del artículo 200 del Código Electoral las firmó, sin que signifique que avaló ese resultado”, al pie aparece la firma de uno de los escrutadores designados por el Tribunal Superior de Bogotá para esa labor.

Dos páginas más adelante, los términos se precisan: “Los suscritos escrutadores de la comisión Suba Niza 11.08 dejamos constancia que, al momento de firmar las actas, se encontraron graves inconsistencias entre lo leído y lo impreso. Para poner un ejemplo, en todas las mesas de las 116 escrutadas en este puesto, el Pacto Histórico tuvo votos y en el documento impreso por el software aparecen votos en 0 para ese partido; así mismo dejamos constancia que a la presente comisión le tocó abrir varias de las bolsas para verificar la información de los formularios E14 y en muchos casos fue incongruente, bien porque aparecían partidos sin votos o bien porque colocaron votos a candidatos que no los obtuvieron, quitándoselos a los que sí los obtuvieron. En razón a lo anterior, no nos responsabilizamos de la fidelidad de los datos impresos y por lo mismo nos abstenemos de firmar los formularios E24 y E26. Bogotá, DC 19 de marzo de 2022”. Firman dos escrutadores y el secretario.

Es la realidad del problema que enfrenta la Registraduría y que toma dimensiones alarmantes. Ya no son 500.000 votos los que se dejaron de transmitir del preconteo al escrutinio. Tampoco es el 1’026.000 votos que dice el Registrador. La MOE calcula en 1’500.000 los votos no transmitidos entre la fase de preconteo y el escrutinio. Esto es, algo más de un millón de votos en Senado y unos 500.000 en Cámara de Representantes.

Le va a quedar muy difícil al Registrador explicar lo sucedido con el medio millón de votos de la Cámara. Si en el Senado el problema estaba en los formularios E-14, para la Cámara no pudo pasar lo mismo porque los formularios eran muy diferentes. El problema debe ser otro. Y no solo ocurrió en las 5.000 mesas en que denuncia el Registrador el comportamiento doloso en que pudieron incurrir 30.000 jurados de votación. También debió suceder en las 29.000 mesas que se han identificado.

Las actas dejan ver que pudo haber fallos en algunos jurados (mas no 30.000), pero el problema estuvo en la transmisión de los datos. Pudo producirse en una de las fases o puntos del protocolo de transmisión de los datos que manejaba la empresa contratista. Bien en la transmisión o bien en el software que recibe, procesa y emite los datos. Si el Registrador no está siendo capaz de explicar con claridad lo que ocurrió, entonces va a tener que ser la empresa contratista, encargada del proceso, que sí debe saber bien qué fue lo que sucedió.


Se trata del contrato por un billón doscientos mil millones, adjudicado a la unión temporal Disproel 2021 por selección abreviada, para organizar las elecciones del Consejo de Juventudes, Congreso de la República y presidenciales (si hay segunda vuelta el contrato puede aumentar a $ 1,8 billones). Según el contrato, la unión temporal se encarga desde imprimir los tarjetones e instalar las mesas en el nivel local, hasta el envío de los resultados al nivel departamental. Ahí lo toma el Consejo Nacional Electoral utilizando el software de Indra para lo pertinente. Y si el problema estuvo en la transmisión o en otra parte del proceso, estamos llegando a un límite que ya exige una explicación que sea incuestionable.

Lo que está en juego es la confianza pública en los organismos electorales. El Registrador debe entender que la confianza es el fundamento de la legitimidad política, y esta es la base de la democracia. Sin confianza pública no hay gobierno que se sostenga, ni funcionario que sea respetado. La Procuradora General es la única que tiene la palabra y la responsabilidad.


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