Universidades, matrículas e incomprensiones.

Judicial y legislativaEconomía, Salud, Tecnología Febrero 4, 2021

Las instituciones públicas y privadas de educación inicial, preescolar básica, media y superior han  tenido que adaptarse para sobrevivir a la  pandemia. La pregunta común ha sido: ¿qué  hacer para cumplir con el calendario académico? Sin embargo, el panorama no es alentador. Ese  es el caso de la educación superior que intenta  subsistir entre el desinterés y la irracionalidad  de algunos estudiantes. 

Desde encadenarse en las puertas de centros  educativos para exigir la “matrícula cero”, hasta  las demandas por descuentos generalizados  de los precios de matrícula, estudiantes han  comenzado una cruzada desentendiendo la  complejidad del problema. Esto en concordancia  con otras propuestas simplistas como la renta  básica universal. Ahora, más allá de procurar y  defender soluciones estatistas a la problemática ocasionada por el virus, es necesario hacer un  balance objetivo de la naturaleza de la crisis.  

El contexto en el que se encuentran las  universidades no es tan positivo como algunos  se pueden imaginar. La reducción en el número de  matriculados es un viejo conocido para el sector.  Desde el 2016 universidades públicas y privadas  han visto un significativo bajonazo, recreando  en parte la tendencia mundial de contracción  del sector. No obstante, no es lo único a lo  que se enfrentan: obligaciones contractuales  para nóminas, suministros, mantenimiento e  infraestructura, entre otros gastos, generan presiones cada vez más difíciles de solventar.  

Y el escenario empeora cuando se habla de  universidades privadas, puesto que mientras  las universidades públicas cuentan con el  respaldo del presupuesto nacional y una  asignación fija, las privadas dependen del  número de matrículas. Además, cabe recordar  que de acuerdo con la ley 30 de 1992 son instituciones sin ánimo de lucro. Así, más que  empresas con un profundo anhelo de dividendos, están dedicadas a ser garantes del derecho a la  educación en el país. 

Son tres los argumentos principales bajo los  cuales los estudiantes reclaman una reducción  generalizada de las matrículas. Primero, que los  costos de las matrículas están asociados a  beneficios y recursos que actualmente no  pueden disfrutar como las instalaciones.  Segundo, que se puede prever que el próximo  semestre será virtual. Tercero, que la pandemia  ha afectado las economías familiares lo que  imposibilita el pago de las universidades. Estos  argumentos para concluir que la solución es  solo una: descuentos en la matrícula para  todos. 

Ahora bien, existen infinidad de factores que  pueden impedir que un estudiante haga uso de las instalaciones de la universidad, pero esto  no justifica un descuento en la matrícula. Es  más, se trata de una coyuntura temporal en  donde la autonomía de las universidades se ha  visto disminuida. No es decisión de estas cerrar  las aulas, sino que son medidas producto de  acatar las disposiciones legales actuales. Y es  de admirar la manera en que han logrado  adaptarse a las nuevas condiciones siendo  solidarias, por ejemplo, sin incurrir en despidos  masivos y procurando la mejor experiencia  para los estudiantes. 

Por otra parte, aquellos que reclaman que no  pagarán millones por educación virtual parecen ignorar los pronunciamientos acerca de un  posible retorno a las aulas en agosto. Además,  ¿qué hacer si exigen un descuento por educación virtual y se presenta la oportunidad de volver a  la presencialidad? ¿hacer un nuevo cobro?  Porque la única certeza es que las universidades están haciendo lo posible por volver a la  normalidad mientras respetan los lineamientos  impuestos por el gobierno. 

Por último, es una realidad que el virus nos ha  afectado a todos, pero no sería cierto defender  que a todos nos ha afectado por igual. Hay  sectores económicos que han sufrido una  reducción en sus ingresos, mientras otros los  han mantenido. Habrá estudiantes que requieran una ayuda mayor mientras otros quizá no  necesiten asistencia, por lo que las medidas  generalizadas no solo amenazan la estabilidad de las universidades, sino que las incapacita  para atender suficientemente a quienes lo  pueden necesitar más. No obstante, muchas  han dirigido esfuerzos en esa dirección, aun a  sabiendas de los riesgos que esto impone a su  sostenibilidad.  

En conclusión, un descuento generalizado de  la matrícula no es la estrategia más eficiente  para superar esta coyuntura. Otro ejemplo de  que el igualitarismo es sinónimo de ineficiencia.


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