Destruyendo no se construye un mejor país

Nuevos liderazgosCultura Mayo 18, 2021

Durante los últimos 20 días, los colombianos hemos presenciado un estallido social sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Lo que comenzó el 28 de abril como una manifestación espontánea por parte de los ciudadanos que en su gran mayoría salieron a manifestarse de manera pacífica, ha derivado, en algunas zonas del país, en un estallido de violencia, anarquía y caos. El paro ha dejado ver el malestar social que existe en Colombia, el cual va mucho más allá de la reforma tributaria presentada torpemente por el Gobierno Nacional, y que tiene sus orígenes en décadas de injusticias y pobreza. Sin embargo, también ha dejado ver la debilidad de nuestro Estado para garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos y para salvaguardar el orden constitucional dentro del margen de la ley. Sectores políticos incendiarios, grupos ilegales, vándalos y delincuentes se han aprovechado del malestar ciudadano para generar caos, bloquear ciudades enteras y violar sistemáticamente los derechos de millones de colombianos.

El escenario tras tres semanas de protestas es desolador. Al menos 19 personas han muerto en las manifestaciones, más de 400 civiles han resultado heridos y cerca de 600 policías han sufrido algún tipo de lesión. El panorama económico también es preocupante: se han perdido más de 8,3 billones de pesos y cada día de paro le cuesta al país cerca de 500.000 millones, como consecuencia de los bloqueos y la destrucción de la propiedad pública y privada, sumado a la devaluación y el aumento de la tasa de interés que se han presentado en nuestro país. Esto en adición a las pérdidas causadas por el Covid-19 y los confinamientos, lo que deja al sector empresarial y al comercio en una situación crítica.

El irrespeto de la vida, la propiedad, la libertad y los derechos de los ciudadanos que los colombianos hemos vivido durante los últimos 20 días es la más grave amenaza que ha tenido nuestra frágil y joven democracia en mucho tiempo. Los colombianos debemos unirnos y condenar la violencia ilegítima, venga de donde venga, rodear las instituciones y defender el orden constitucional y democrático, lo que incluye exigir que estas actúen dentro del marco legal y en estricto cumplimiento de su deber.

Debemos reconocer también que a pesar de las inmensas dificultades que enfrenta nuestro país en materia social, de seguridad, de movilidad social y de desarrollo, es mucho lo que hemos avanzado, gracias al progreso económico, el crecimiento del sector privado y la continuidad de nuestra democracia (con todos sus vicios e imperfecciones). La clase media se había venido expandiendo ininterrumpidamente hasta antes de la pandemia, la esperanza de vida se sitúa en 77.11 años (lo que representa un aumento de 7.4 años desde 2002) y el PIB del país hasta marzo superó todas las expectativas creciendo 1,1% en el primer trimestre del 2021. Colombia también venía avanzando en la reducción de la pobreza hasta antes de la pandemia y las restrictivas medidas impuestas. En 20 años habíamos logrado reducir la pobreza del 42% al 27%, aumentado también la cobertura de salud, que para 1995 era del 29.2% al 90.49% en el 2008. También tuvimos importantes avances en educación: mientras en el 2007 la cobertura universitaria era de 31,6%, para el 2016 el 51,5% de estudiantes de colegio ingresaban a la universidad. Así mismo, la economía colombiana ha demostrado, en los últimos 30 años, ser una de las más estables de la región, lo que se evidencia en que solo hubo un año entre 1980 y 2017 en el que tuvimos una tasa de crecimiento negativa. Además, nos situamos en segundo lugar, con el 94.9% de expansión, en el ranking de crecimiento real del PIB en el periodo comprendido entre 1980 y 2020 en América Latina.

Aunque todavía hay mucho por hacer, las mejoras económicas y sociales que hemos alcanzado nos dejan algo claro: es mediante el fortalecimiento de las instituciones, el crecimiento económico, la consolidación de un sector privado empresarial solidario generador de riqueza y el respeto por la Constitución y la ley que Colombia puede mejorar y crecer. Para esto, es necesario revitalizar, fortalecer y crear canales institucionales, para responder verdaderamente a las preocupaciones y las peticiones de los ciudadanos que se han expresado pacífica y legítimamente. El sistema político debe ser efectivo identificando y tramitando las peticiones populares para eliminar la posibilidad de que algunos sectores promuevan la apertura de vías ilegítimas y violentas para ser escuchados.

No es destruyendo, incendiando y vulnerando los derechos de los otros que edificaremos un mejor país. Es imposible construir desde las cenizas de lo que hemos construido en 200 años de vida republicana, la Colombia justa, equitativa, segura y pacífica con la que soñamos millones de jóvenes colombianos. Es fundamental que aprendamos del pasado, que nos quedemos con lo que nos ha ayudado a crecer y progresar y que corrijamos aquello que nos ha perjudicado como nación. La mayoría de colombianos creemos y entendemos esto. Nos haremos sentir y escuchar nuevamente en las urnas en el 2022, castigando a los sectores políticos que han querido incendiar el país y que nos enfrentemos unos con otros para obtener réditos electorales.


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